El gobierno de Bukele ha firmado una ley en la que autoriza esconder, durante 7 años, los datos de los venezolanos arrestados que están recluidos en la prisión de máxima seguridad
El gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador ha avanzado en la llamada “oficialización” del traslado engañoso y posterior encarcelamiento de 252 venezolanos que migraron a EE.UU. y terminaron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Mediante un documento emitido por la Dirección General de Centros Penales, se ha clasificado como reservada por 7 años toda la información relacionada con estos venezolanos detenidos. Esta medida representa una nueva violación a los derechos humanos por parte del polémico gobierno salvadoreño.
Un medio salvadoreño solicitó a la autoridad responsable del sistema penitenciario una copia pública del acuerdo firmado entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, así como cualquier otro documento oficial que demuestre la colaboración entre ambos países en este ámbito. Entre los documentos solicitados se incluían notas diplomáticas, memorandos de entendimiento, actas de reuniones, cartas de intención u otros registros similares.
No obstante, la Dirección General de Centros Penales respondió que la información requerida no podía ser divulgada, basándose en lo establecido en los artículos 6 y 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública. La institución argumentó que los documentos solicitados estaban protegidos bajo reserva legal.
En su resolución, Centros Penales explicó que toda la información generada y almacenada por el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE), ya sea en formato físico o digital, permanece bajo reserva total por un período de 7 años. Por lo tanto, rechazó la solicitud del medio, amparándose en esta disposición legal.
Incertidumbre sobre la situación de los secuestrados
La directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, señaló que la decisión de Centros Penales de mantener la información en reserva genera mayor incertidumbre sobre la situación de las personas detenidas, ya que no hay claridad sobre su paradero ni las condiciones en las que se encuentran.
Escobar afirmó que esta actitud refuerza la configuración del delito de desaparición forzada, especialmente porque las autoridades del Estado fueron las responsables de trasladar a estas personas al CECOT desde su ingreso al territorio salvadoreño. Al declarar toda la información como reservada, se profundiza la falta de transparencia sobre su destino.
La defensora de derechos humanos denunció que se trata de una “clara y deliberada desaparición forzada por parte del Estado de El Salvador en contra de estas personas”. Subrayó que las acciones emprendidas constituyen una grave violación de sus garantías fundamentales.
La detención irregular de los ciudadanos venezolanos ha provocado fuertes cuestionamientos a escala global. Tanto Estados Unidos como El Salvador han sido acusados de someter a los detenidos a desaparición forzada y arresto arbitrario, infringiendo sus derechos humanos y desconociendo acuerdos internacionales.
Trump ordena la reapertura de la cárcel Alcatraz
Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció mediante sus redes sociales que ha ordenado a la Oficina de Prisiones, en colaboración con el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, reabrir “un ALCATRAZ”, además de instruir su reconstrucción y ampliación para encarcelar allí “a los criminales más violentos y despiadados del país”.
Según informes de la prensa estadounidense del momento, el cierre de Alcatraz en 1963 se debió, en gran parte, a los elevados gastos que implicaba su mantenimiento y operación, sumado al desgaste progresivo de sus instalaciones por la constante exposición a las condiciones climáticas. La isla resultaba especialmente costosa, ya que todos los recursos necesarios debían ser llevados en barco, mientras que la salinidad del agua afectaba gravemente sus estructuras.
Ubicada en la bahía de San Francisco, a aproximadamente 2 kilómetros de la costa, Alcatraz estaba rodeada de aguas heladas y corrientes intensas, características que en su momento la convirtieron en un sitio ideal para una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, hoy en día es un destino accesible gracias a los servicios de ferry que salen desde el Pier 33 de la ciudad.
En la actualidad, la isla opera como un importante atractivo turístico, integrado al Área Recreativa Nacional Golden Gate. Los visitantes pueden explorar su rica historia a través de diversas atracciones, como el antiguo edificio penitenciario, la torre de vigilancia y exposiciones permanentes que relatan su evolución, desde su época como fortificación militar hasta su reconversión en un parque nacional de interés histórico y natural.
Trump duda en acatar la Constitución
En una entrevista, Trump, declaró que “no sabía si debía acatar la Constitución” al abordar el tema de las deportaciones masivas de extranjeros. “No lo sé, no soy jurista, no lo sé”, respondió cuando se le cuestionó si debía considerar los procedimientos legales y los derechos de los migrantes, incluidos los garantizados por la Constitución. Incluso se mencionó que varios jueces y su propio Secretario de Estado, Marco Rubio, han señalado que tanto ciudadanos como no ciudadanos tienen derecho al debido proceso, respaldado por la Quinta Enmienda.
Al ser presionado para aclarar su postura, Trump evitó pronunciarse con precisión sobre el caso de Kilmar Armando Ábrego García, un hombre deportado “erróneamente” a El Salvador por el gobierno estadounidense. La Corte Suprema había dictaminado recientemente que las autoridades debían “facilitar” su regreso al país, lo que generó controversia sobre el cumplimiento de las garantías constitucionales en estos procesos.
Estas declaraciones generaron críticas, ya que parecían reflejar cierta ambigüedad o desconocimiento sobre la obligación de acatar las normas constitucionales en materia migratoria. La Quinta Enmienda, que protege el derecho al debido proceso, es un pilar fundamental del sistema legal estadounidense, y su posible ignorancia por parte del presidente levantó dudas sobre su compromiso con el Estado de derecho.
Trump afirmó que no considera que su gobierno esté incumpliendo la orden judicial, pero señaló que, si la fiscal general Pam Bondi le indicara repatriar a Ábrego García, él acataría la instrucción.
Mencionó que, de actuar de otro modo, se enfrentarían a millones de demandas legales. Reconoció que entre los migrantes hay individuos peligrosos, como asesinos y narcotraficantes, pero aclaró que desconoce los casos específicos. Además, destacó que cuenta con un equipo de abogados expertos que seguirán las determinaciones de la Corte Suprema.
Vale la pena recordar que la administración de Trump estableció como objetivo la deportación o el rechazo en la frontera de un mínimo de 1.800 extranjeros al día.
En el marco de su campaña contra la inmigración, Trump incluso sugirió la idea de deportar a personas nacidas en EE.UU. que, bajo la XIV enmienda constitucional, tienen derecho a la ciudadanía automática. Dicha enmienda establece “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen”. Esta disposición, aprobada en 1868, forma parte integral de la Constitución estadounidense desde entonces.
Este principio, denominado “ius soli” (derecho de suelo), asegura que cualquier persona nacida en territorio estadounidense adquiera automáticamente la nacionalidad, salvo contadas excepciones, como los hijos de diplomáticos o de fuerzas invasoras. La enmienda fue incorporada al texto constitucional como un legado de los fundadores del país, reforzando el concepto de ciudadanía por nacimiento.
La propuesta de Trump desafía este principio constitucional, generando controversia por su intento de modificar una norma histórica que ha definido la identidad nacional de Estados Unidos durante más de un siglo. Su postura ha reavivado el debate sobre los derechos de los inmigrantes y los límites del poder ejecutivo frente a garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
