La edil mencionó que la economía informal se ha convertido en un negocio para unos pocos, mientras que el municipio no recibe ningún pago de impuesto por esta actividad comercial
La concejal del municipio Tomás Lander, estado Miranda, Gyldrey Padilla, informó que se dirigirá al Ministerio Público con el fin de solicitar una investigación sobre las personas que presuntamente se dedican a extorsionar a los trabajadores de la economía informal que laboran en el centro de Ocumare del Tuy.
Padilla, quien también es presidenta de la comisión de Economía Productiva de la Cámara Municipal denunció que, alrededor de 516 buhoneros pagan entre 8 y 10 dólares mensuales para que se les permita poder vender sus productos.
Según la concejal “Una de las personas que hemos identificado en la comisión que presido es una mujer llamada Nicol, a quien los trabajadores informales le hacen el pago o, de lo contrario, no les dejan trabajar”.
La funcionaria municipal explicó también que las mafias de extorsionadores cobran entre 50 y 100 dólares a cada persona que esté interesada en vender de manera informal por primera vez en las calles del casco central de la ciudad.
“Esta situación es de vieja data, pero las mafias de extorsionadores se consolidaron durante el gobierno del exalcalde del Psuv, Genkerve Tovar, y se han afianzado con la actual administración municipal que se ha hecho de la vista gorda ante esta serie de delitos”, reveló la concejal.
Padilla mencionó que la economía informal se ha convertido en un negocio para unos pocos, mientras que el municipio no recibe ningún pago de impuesto por esta actividad comercial.
De igual forma, la líder del partido Cambiemos denunció que algunas de las mafias obligan a los buhoneros a actuar como grupos de choque para sabotear actividades proselitistas diferentes a las del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
La concejal recordó que por unanimidad la Cámara Municipal aprobó un acuerdo en el que solicitaba a la alcaldesa del municipio Tomás Lander, Dayana Báez, la reubicación de los vendedores informales, pero la mandataria local hizo caso omiso a la recomendación de los concejales.
“Toda la situación que se está generando en el municipio, con respecto a los trabajadores informales, es única y exclusiva responsabilidad de la alcaldesa Báez por su incompetencia y falta de voluntad de devolverle a los ocumareños sus espacios peatonales”, finalizó la concejal Padilla.
Sistema eléctrico colapsó en Charallave durante 4 horas
Al menos tres circuitos del sistema eléctrico registraron fallas en líneas de tensión y transformadores en el municipio Cristóbal Rojas, estado Miranda, por lo que la localidad de Charallave se mantuvo sin servicio eléctrico, desde las 7:50 de la mañana hasta las 11:50 a.m., de este pasado viernes 31 de mayo.
Los circuitos que quedaron sin el servicio eléctrico afectaron el desarrollo de las actividades económicas y de servicios público en el municipio, algunos de ellos fueron: Pitahaya, Agregado Liviano y La Raisa; estimándose que fueron perjudicadas alrededor de 5.000 familias solo en estas zonas.
Asimismo, se registraron fallas en las líneas de tensión en el sector Jabillito y en El Paraíso de Santa Inés.
Los deterioros en el funcionamiento de los transformadores fueron detectados en los sectores Las Tres Letras; residencias Don Alejandro; La Vaquera; Alí Primera y Los Samanes, donde se presentó una avería con un fusible disparado en la derivación eléctrica del conjunto residencial.
Se estima que aproximadamente 20.000 hogares en total y cientos de comercios se vieron afectados por la falla en el servicio eléctrico, puesto que hubo desperfectos en instalaciones que no fueron reportadas por las autoridades del municipio.
Fuentes de Corpoelec, que mantuvieron su identidad en reserva, explicaron que la mayoría de estos inconvenientes se generan por la falta de mantenimiento preventivo previo a la llegada de las lluvias.
“Ahora si andan asustados, tratando de resolver situaciones que hace mes y medio eran más sencillas realizarlas. Ahora tienen que resolver problemas más complejos derivados de su negligencia y desidia”, declaró un funcionario.
