El país pasa por una fuerte ola de manifestaciones, debido al alza de combustible que se derivo de los decretos impuestos en el gobierno anterior y exigen la eliminación de dichos decretos 1054, 1158 y 1183, que fueron emitidos por Lenin Moreno en 2020.
Desde la mañana de ayer, el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asumió su mandato este lunes, enfrenta su primera protesta por parte de diversas organizaciones: sociales, indígenas y campesinas de la provincia de Imbabura, al norte del país.
Estas manifestaciones dieron lugar al bloqueo de varias vías principales de esa entidad, como la Panamericana, para exigir de forma contundente a Lasso que derogue exactamente tres decretos emitidos en la administración de Lenin Moreno, que indujeron el alza de los combustibles en general.
Asimismo, en el transcurso del día de ayer hubo cierres de vías en las parroquias Eugenio Espejo y San Rafael de la Laguna, así como en la comunidad de Peguche en el cantón municipio de Otavalo de Imbabura.
¿Qué cuestionan de los decretos?
Los manifestantes piden en concreto que se eliminen los decretos ejecutivos 1054, 1158 y 1183, que fueron emitidos en mayo, septiembre y noviembre de 2020 respectivamente. Porque consigo trajeron el aumento de los combustibles.
En este sentido, surgieron cambios en los precios, en el país regia hasta el año pasado un sistema de precios para los combustibles. Las gasolinas extra y ecopais, por ejemplo, tenía un valor de 1,85 dólares por galos y el diésel premium de 1,037 dólares por galón.
Sin embargo, el decreto 1054 estableció un sistema de bandas de precios de los combustibles, para reducir de manera gradual el subsidio estatal que tenían. Esto ocasiono que el valor de estos productos fluctúen desde entonces cada mes, teniendo como base el promedio de los precios de los petróleos Oriente y WTI en el mercado internacional.
El decreto 1158, libero la importación de derivados de petróleo por parte de privados; en concreto este sector puede importar gasolinas, diésel, gas, industrial y otros.
Mientras, con el decreto 1183 se estableció que la fijación de precios de los combustibles diésel 2, diésel Premium, gasolina extra y ecopias esté a cargo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC).