A partir de la implantación del Control de Cambios realizado en 2003, se proclamaron una amplia gama de leyes, entre ellos decretos, reglamentos, decretos-leyes, resoluciones ministeriales y providencias que pasaron a sustituir a las leyes de oferta y demanda y al mecanismo de los precios como reguladores de la actividad económica. Comenzó a suscitar arbitrariedad en la interpretación de la norma, asimismo, los abusos en la aplicación de sanciones, creando un ambiente de excesiva inseguridad jurídica.
También los allanamientos a establecimientos industriales y comerciales se hicieron presentes, además de la confiscación y remate de inventarios, la violación de los derechos de propiedad y en el encarcelamiento constante de gerentes y propietarios generando un ambiente cada día más hostil., poniendo en juego el emprendimiento productivo.
Por otro lado, el entramado de controles y sanciones fue desembocando en un caldo de cultivo donde se expandió el tráfico de influencias, la extorsión y el excesivo cobro de comisiones conocidas como “vacunas”. Aquí también se manifiesta la mal gestión de funcionarios corruptos que contribuyen al desorden a través del soborno, y lo que no es un secreto los trámites oficiales requeridos para cualquier emprendimiento se rigen por complicados requisitos que generan retrasos.
Por su parte, las instituciones públicas se han convertido en feudos donde se mueve la mafia que trafican y cobran altos honorarios por cualquier trámite, aquí no podemos dejar de nombrar la solicitud del pasaporte que se ha hecho cuesta arriba obtenerlo, hasta la simple apostilla de un documento es algo a veces inalcanzable.
La liberalización económica del país
El gobierno tiene conocimiento que para incrementar su esperanza de vida tiene que obtener más apoyo y recurrir a aliados como lo es corregir las desviaciones y errores de la política económica.
Asimismo, para obtener inversiones que provengan de otros países como china, Rusia, Turquía o iraníes, el gobierno se está avocando a mejorar el marco legal y el entorno institucional, con esto pretende bajar el riesgo del país, el fin es ofrecer seguridad jurídica y garantizar los derechos de la propiedad. De no aplicar esto, esos inversionistas no vendrán a Venezuela.
Para el pesar de muchos, la sobrevivencia de un gobierno que ya no cuenta con el caudal de la renta petrolera y cuyo descalabro se ha visto afectado por las sanciones comerciales y financieras, lo inducen obligatoriamente a aflojar los controles y liberar la economía.
Evidentemente el gobierno intenta socavar la caída de la renta y el impacto de las sanciones mediante el levantamiento de los controles y de la liberación de la economía, buscando reactivar y generar ingresos fiscales que ya no le aporta el petróleo y que tampoco puede obtener a través del impuesto inflacionario. Esos son sus objetivos.
